El Gobierno de Mendoza dio un paso clave en el proceso para concesionar los servicios turísticos dentro del Parque Provincial Aconcagua. A través del decreto 222, publicado este viernes en el Boletín Oficial, se aprobaron los pliegos de bases y condiciones que regirán el llamado a licitación pública nacional.
La medida forma parte de la estrategia oficial para ordenar y regularizar la prestación de servicios en el área protegida, con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes y reforzar la protección ambiental en la cumbre más alta de América.
El anuncio había sido anticipado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y contempla la concesión de uso y explotación turística en campamentos de aproximación, base y altura.
Qué se concesiona
La licitación abarcará predios ubicados en campamentos de aproximación como Confluencia, Pampa de Leñas y Casa de Piedra -incluida una nueva localización-, así como en campamentos base como Plaza de Mulas y Plaza Argentina, donde también se prevén áreas para eventuales relocalizaciones.
Una vez adjudicadas las concesiones, únicamente podrán prestar servicios quienes resulten seleccionados en el proceso licitatorio, dejando sin efecto los permisos actuales.
Desde el Ejecutivo señalaron que la iniciativa busca establecer "reglas claras y competencia abierta", además de un marco ambiental más exigente para quienes operen bajo las categorías de Ascenso y Trekking.
Plazo, canon y exigencias ambientales
Las concesiones tendrán un plazo de 20 años, lo que permitirá el desarrollo de infraestructura adecuada para actividades de alta montaña, siempre bajo estrictas condiciones técnicas y ambientales. En determinados sectores se prevé el traslado de instalaciones hacia nuevas ubicaciones, en línea con criterios de ordenamiento territorial y reducción de impacto.
Al finalizar el contrato, los concesionarios deberán restituir los predios sin infraestructura y en condiciones ambientales adecuadas, reafirmando el carácter temporal y reversible de la ocupación en un área natural protegida.
El canon de explotación estará vinculado a los permisos de ingreso efectivamente comercializados, según valores definidos oficialmente en cada temporada.
Además, cada oferente deberá presentar un Plan Ambiental y Logístico integral como parte central de la evaluación. El documento deberá contemplar la gestión integral de residuos, con separación en origen, trazabilidad hasta su disposición final autorizada y retiro periódico durante cada temporada. También se exigirá un detalle específico sobre el tratamiento de residuos orgánicos, reciclables y sanitarios.
Marco legal y firmas
El procedimiento cuenta con dictamen favorable de la Fiscalía de Estado y se ajusta al artículo 37 de la Constitución provincial y a las leyes de Administración Financiera y de Procedimiento Administrativo. El marco específico para el área está dado por la Ley de Áreas Naturales Protegidas y la Ley de Zonificación del parque, que establecen criterios de conservación y uso sustentable.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Áreas Protegidas, que deberá conformar la Comisión Evaluadora.
El decreto lleva la firma del gobernador Alfredo Cornejo, de la ministra Latorre y del ministro de Gobierno, Natalio Mema, a cargo de Hacienda y Finanzas.
