Una investigación judicial en Mendoza puso bajo la lupa a dos abogados y a un supuesto socio por una serie de denuncias vinculadas a presuntas estafas millonarias mediante inversiones financieras. La causa es instruida por el fiscal de Delitos Económicos, Hernán Ríos, y por el momento los señalados no han sido imputados formalmente.
Las denuncias apuntan a una modalidad en la que los sospechosos habrían captado dinero de particulares mediante contratos de mutuo -acuerdos de préstamo comercial- con la promesa de generar rendimientos. Según la investigación inicial, ofrecían una ganancia del 2,5% mensual en dólares, bajo el argumento de que el dinero sería utilizado para financiar distintos negocios vinculados con créditos y proyectos inmobiliarios.
De acuerdo con las presentaciones judiciales, el esquema comenzó a funcionar entre fines de 2021 y comienzos de 2022. Durante los primeros años, varios inversores aseguraron haber recibido pagos regulares de intereses, lo que habría contribuido a generar confianza y a atraer nuevos aportes de dinero.
Sin embargo, el panorama comenzó a cambiar hacia fines de 2024 y principios de 2025, cuando los pagos prometidos empezaron a retrasarse o directamente dejaron de realizarse. A partir de ese momento, comenzaron a acumularse reclamos por parte de quienes habían confiado sus ahorros al grupo.
Un número creciente de damnificados
Las primeras denuncias formales involucran a cinco presuntos damnificados, pero la causa podría ampliarse considerablemente. Según trascendió en el expediente, habría entre 20 y 50 personas que aseguran haber invertido dinero bajo las mismas condiciones.
El monto total denunciado también varía según los casos. Solo un grupo familiar sostiene haber perdido alrededor de 500.000 dólares, cifra que aparece como uno de los reclamos más importantes dentro del expediente.
Las denuncias indican que muchos inversores habrían entregado dinero proveniente de ahorros, indemnizaciones laborales o incluso ventas de bienes, atraídos por la promesa de una rentabilidad mensual en moneda estadounidense.
Contratos de mutuo y promesas de rentabilidad
El mecanismo utilizado para captar fondos se basaba en la firma de contratos de mutuo, un instrumento legal habitual en operaciones financieras privadas. En esos documentos se establecía la entrega de capital por parte del inversor y el compromiso de devolverlo junto con intereses periódicos.
Según los denunciantes, los responsables explicaban que el dinero se utilizaba para otorgar préstamos prendarios o financiar proyectos vinculados al sector inmobiliario. A cambio, garantizaban un retorno mensual del 2,5% en dólares.
En investigaciones de delitos económicos, este tipo de maniobras suele repetir un patrón similar: los pagos iniciales funcionan como incentivo para atraer nuevos inversores y sostener la credibilidad del esquema. Cuando los ingresos disminuyen o el sistema pierde liquidez, comienzan los incumplimientos.
Acusaciones cruzadas entre los involucrados
A medida que el conflicto escaló, los propios señalados comenzaron a presentar denuncias entre sí, lo que derivó en un entramado judicial complejo.
Uno de los abogados implicados presentó una denuncia por administración fraudulenta contra otro de los integrantes del grupo, al sostener que habría recibido dinero de inversores y nunca lo habría incorporado a la sociedad que compartían.
Por su parte, el otro denunciado asegura que actuaba únicamente como empleado dentro del esquema y que las decisiones financieras eran tomadas por su socio.
La investigación también menciona a un cuarto participante que habría ingresado al grupo cuando comenzaron los problemas financieros, con la supuesta intención de reorganizar las operaciones y recuperar la actividad económica.
Propuestas de devolución y ruptura de negociaciones
Cuando comenzaron los reclamos por la devolución del capital invertido, los denunciantes relataron que se les ofrecieron distintas alternativas.
Entre ellas, la posibilidad de aportar más dinero para sostener el sistema y recuperar los fondos ya invertidos. Más adelante, se habría planteado otra propuesta: devolver apenas el 40% del capital en un plazo de hasta 20 años.
Tras esas negociaciones fallidas, varios inversores optaron por presentar denuncias penales y reclamos civiles para intentar recuperar su dinero.
Una causa en pleno desarrollo
La causa reúne denuncias que comenzaron a presentarse entre 2024 y 2025 y que fueron unificadas en un único expediente a comienzos de 2026. La investigación sigue en etapa preliminar y busca determinar el destino de los fondos y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.
Casos similares vinculados con supuestas inversiones financieras han sido investigados en distintas oportunidades en Mendoza y en otras provincias, especialmente cuando las promesas de rentabilidad elevada terminan derivando en pérdidas millonarias para los inversores.
Por ahora, la fiscalía analiza documentación, contratos y comunicaciones entre los implicados y los denunciantes para establecer si se trató de un negocio fallido o de una maniobra fraudulenta.
