Una niña de 11 años permanece internada en estado crítico en el Hospital Notti tras haber sido baleada durante un violento ataque ocurrido en el barrio Los Cerrillos, en Godoy Cruz. La investigación, que en un primer momento se centró en un hecho aislado de violencia, comenzó a girar en las últimas horas hacia una hipótesis mucho más compleja: un posible ajuste de cuentas vinculado a una red de narcotráfico con conexiones dentro del sistema penitenciario.
De acuerdo con fuentes judiciales y policiales, los pesquisas de la División Homicidios sostienen que el ataque no fue al azar. La principal línea investigativa apunta a que la balacera habría sido ordenada desde el Complejo Penitenciario Almafuerte, donde se encuentra detenido el padre de la menor, Marcelo Agüero Declaux, alias "Tapón". El hombre está imputado en una causa federal por comercialización de estupefacientes intramuros y habría quedado en el centro de un conflicto tras negarse a asumir responsabilidades en un expediente clave.
El ataque ocurrió cuando la niña se encontraba en su vivienda junto a su madre. Según la reconstrucción inicial, la menor se dirigió hacia la puerta tras escuchar golpes, creyendo que se trataba de amigas. En ese momento, al menos un agresor efectuó una ráfaga de disparos -se contabilizaron nueve vainas calibre 9 milímetros- contra el domicilio. La niña recibió múltiples impactos en una pierna y en una mano, y logró evitar un disparo que tenía como destino el rostro. Fue trasladada de urgencia por un vecino al hospital pediátrico, donde permanece en terapia intensiva.
Los investigadores también analizan una serie de hechos previos que refuerzan la hipótesis de una represalia. Días antes, familiares del padre de la víctima habían recibido amenazas a través de redes sociales y se registró un tiroteo contra otra propiedad vinculada al entorno. En paralelo, la causa federal por narcotráfico revela tensiones internas entre los detenidos: quienes antes operaban como socios en el negocio ilegal hoy mantienen enfrentamientos por el control de la actividad dentro del penal.
En ese expediente aparecen otros internos considerados de alto perfil, como Pedro Esteban Morales Anisco, junto a Juan Cruz Arregui y Ángel Kevin Maximiliano Fernández, todos vinculados a maniobras de distribución de drogas desde el interior de la cárcel. Fuentes del caso sostienen que estas disputas podrían haber derivado en acciones intimidatorias hacia familiares en el exterior, una modalidad que expone el alcance territorial de estas organizaciones.
La causa quedó en manos de la fiscal de Homicidios María Florencia Díaz Peralta, quien ordenó una batería de medidas para identificar a los autores materiales del ataque. Entre ellas, el análisis de cámaras de seguridad y peritajes balísticos para intentar vincular el arma utilizada con otros hechos. Hasta el momento no hay detenidos, aunque se intensifican los operativos para dar con el sospechoso, que fue visto huyendo a pie.
Para el Ministerio de Seguridad, el caso es de "extrema gravedad", no solo por la situación crítica de la menor, sino porque evidencia el nivel de violencia y organización de estructuras criminales que operan desde el interior de los penales. Mientras tanto, la familia de la víctima permanece bajo un clima de temor ante la posibilidad de nuevos ataques, en un escenario donde la violencia narco parece haber cruzado todos los límites.
