Cargando...El Gobierno nacional confirmó la aprobación definitiva de la modificación a la Ley de Glaciares, tras la sanción de la Cámara de Diputados y el aval del Congreso, en una medida que, según se informó oficialmente, busca actualizar el marco normativo vigente y brindar mayor precisión sobre el alcance de la protección ambiental y el uso de los recursos naturales.
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, encabezada por Javier Milei, se destacó que la reforma introduce criterios técnicos más claros para la identificación de glaciares y del ambiente periglacial, con el objetivo de evitar interpretaciones que, según el Ejecutivo, generaban restricciones generalizadas a actividades productivas, particularmente en el sector minero.
Desde el oficialismo señalaron que la actualización de la Ley de Glaciares de Argentina permitirá garantizar seguridad jurídica y fortalecer el rol de las provincias en la administración de sus recursos naturales. En ese sentido, se subrayó que la norma reconoce la competencia provincial para llevar adelante evaluaciones técnico-científicas que determinen las zonas efectivamente protegidas.
El comunicado también remarca que la reforma responde a un reclamo histórico de provincias vinculadas a la actividad minera, como las que integran la denominada Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, al considerar que la redacción anterior generaba limitaciones incluso en áreas donde no existían cuerpos de hielo o funciones hídricas relevantes.
Asimismo, el Gobierno sostuvo que los cambios buscan compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico, al afirmar que ambos objetivos "no son excluyentes, sino complementarios" en el marco de una política orientada al crecimiento y la inversión.
En el tramo final, el Presidente agradeció a legisladores y gobernadores que acompañaron la iniciativa, destacando el trabajo conjunto que permitió avanzar en la reforma. Con esta aprobación, el Ejecutivo considera que se establece un nuevo esquema de "federalismo ambiental", con mayor protagonismo de las provincias en la gestión de sus recursos y en la definición de políticas productivas.
