El Gobierno de Mendoza dio un paso clave en una discusión postergada durante décadas: la autonomía municipal. El Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de enmienda constitucional para modificar el artículo 197 de la Carta Magna provincial, con el objetivo de incorporar formalmente este principio y saldar una "deuda institucional" con la Constitución Nacional de 1994.
La iniciativa fue presentada en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales por el ministro de Gobierno, Natalio Mema, junto al subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y la subsecretaria Legal y Técnica, Emilia Cabrera. El proyecto propone declarar la necesidad de reformar un único artículo de la Constitución provincial, lo que habilita el mecanismo previsto en el artículo 223: aprobación por mayoría especial en ambas Cámaras y posterior ratificación popular en elecciones.
Según explicó Mema, la reforma apunta a "ordenar" el sistema institucional y dar previsibilidad a los 18 municipios mendocinos. "Este proyecto es para la posteridad. Debemos buscar que el vecino sea protagonista de su destino", sostuvo el funcionario, al tiempo que remarcó que la autonomía ya se ejerce "de hecho", pero carece de respaldo constitucional.
El eje central de la propuesta es permitir que los municipios dicten sus propias Cartas Orgánicas, consideradas la máxima expresión de autonomía institucional. Sin embargo, el texto fija límites claros: no podrán apartarse de los principios y competencias establecidos por la Constitución provincial ni invadir atribuciones de la Nación o la Provincia.
En materia económica, uno de los puntos más sensibles, el Gobierno fue enfático: los municipios no podrán crear impuestos. Solo estarán habilitados a cobrar tasas retributivas por servicios, contribuciones por mejoras y derechos vinculados al uso del dominio público. "No queremos generar dudas: no habrá nuevos impuestos municipales", insistió Mema, quien advirtió sobre el riesgo de "doble o triple imposición" si no se fijan reglas claras.
Otro aspecto relevante del proyecto es la incorporación a nivel constitucional del régimen de coparticipación municipal, una herramienta clave para garantizar recursos a las comunas. Jaliff destacó que esta previsión busca evitar discrecionalidad en la distribución de fondos, como ocurre en otras provincias.
Además, el texto mantiene el rol de control de la Legislatura, el Tribunal de Cuentas y el Fiscal de Estado sobre los municipios. En ese marco, se establece que las Cartas Orgánicas deberán ser remitidas a la Legislatura para su aprobación o rechazo en un plazo de 90 días; de no haber pronunciamiento, quedarán automáticamente aprobadas.
"El control legislativo no es político, es de constitucionalidad. Se trata de garantizar que las Cartas respeten el marco general", aclaró Jaliff.
El tratamiento del proyecto no estuvo exento de tensiones. Desde el peronismo, el diputado Germán Gómez planteó objeciones procedimentales y solicitó frenar el debate en medio del conflicto de poderes entre la Legislatura y el municipio de San Rafael, aunque su moción fue rechazada.
En contraste, el presidente de la comisión, Franco Ambrosini, defendió el avance del proyecto y cuestionó la postura opositora. "Se están fijando solamente en San Rafael. Esta enmienda viene a dar orden e institucionalidad a toda la provincia", afirmó, y remarcó la apertura a introducir modificaciones durante el proceso legislativo.
Por su parte, el diputado Jorge Difonso consideró que Mendoza necesita una discusión más amplia y propuso avanzar hacia una reforma integral de la Constitución, que incluya no solo la autonomía municipal sino también nuevas formas de gobernanza.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo plantea que la reforma no es meramente formal, sino una adecuación necesaria al mandato constitucional nacional. Sin embargo, advierte sobre los riesgos de una autonomía sin regulación homogénea: "No podemos tener dieciocho autonomías distintas", sostiene el texto.
La iniciativa también se inscribe en un contexto de conflicto institucional reciente, particularmente con el municipio de San Rafael, lo que refuerza la intención oficial de establecer reglas claras y uniformes.
De prosperar en la Legislatura y superar el filtro del voto popular, Mendoza avanzaría finalmente en la consagración plena de la autonomía municipal, un paso que otras provincias ya dieron tras la reforma de 1994.
