El conflicto político y judicial por el gasoducto del Sur mendocino sumó un nuevo capítulo este viernes luego de que la Municipalidad de General Alvear rechazara formalmente la intimación enviada por la comuna de San Rafael, que reclamaba una supuesta deuda de $4.800 millones vinculada a la obra energética. A través de una carta documento firmada por el intendente Alejandro Molero, el municipio alvearense calificó el planteo sanrafaelino como "improcedente, falaz y malicioso" y sostuvo que la intimación contiene "alegaciones sin respaldo fáctico ni jurídico".
En el escrito, General Alvear rechazó que San Rafael tenga facultades exclusivas sobre el Gasoducto Sur Provincia de Mendoza y remarcó que se trata de una obra pública nacional y regional, financiada con recursos del Estado nacional para beneficiar tanto a San Rafael como a General Alvear. Según expresaron desde la comuna alvearense, el acceso al servicio de gas natural no puede quedar condicionado a decisiones unilaterales ni a exigencias económicas impuestas por otro municipio.
Además, desde el Ejecutivo alvearense negaron que exista obligación jurídica de realizar aportes extraordinarios para acceder a la capacidad operativa del gasoducto y cuestionaron que la comuna sanrafaelina pretenda atribuirse potestades sobre una infraestructura que, afirmaron, fue concebida para toda la región. En ese sentido, sostuvieron que San Rafael "no realizó afectación ni desembolso alguno de presupuesto propio" y que su participación se limitó a los procesos licitatorios de la obra.
La carta documento también incluyó críticas por la demora en la ejecución del proyecto energético. Desde General Alvear señalaron que una obra prevista para concretarse en 18 meses terminó demorando más de cinco años, situación que, según indicaron, perjudicó a vecinos, industrias y emprendimientos productivos del Sur mendocino por la falta de acceso al gas natural.
En medio de la fuerte disputa política, el municipio conducido por Molero aseguró que no permitirá que "el frío o los servicios básicos sean utilizados como rehenes de una disputa política o venganza electoral". Además, remarcaron que defenderán el derecho de los vecinos alvearenses a acceder al servicio y advirtieron que avanzarán con todas las acciones administrativas y judiciales necesarias ante cualquier intento de restricción o condicionamiento.
Por último, la comuna alvearense dejó abierta la posibilidad de iniciar reclamos por daños y perjuicios derivados de las demoras en la ejecución de la obra. En el documento, General Alvear sostuvo que la extensión de los plazos perjudicó directamente a los potenciales beneficiarios del servicio y calificó como "grave" que una obra estratégica para el desarrollo regional haya permanecido paralizada durante años.
