Club Atlético Independiente denunció que tres jugadores juveniles de la institución fueron víctimas de grooming, luego de que el padre de uno de los menores detectara una situación de violencia digital y realizara la correspondiente advertencia ante el club.
A través de un comunicado oficial, la institución informó que el caso fue descubierto por la familia de un integrante del fútbol infanto-juvenil. Tras tomar conocimiento de lo sucedido, el club activó el protocolo de actuación y brindó asistencia inmediata al menor y a su entorno familiar.
"Las autoridades del club recibieron a la familia en la sede social junto a los responsables de las áreas correspondientes y pusieron a disposición toda la asistencia necesaria para preservar la salud psicofísica del menor", señalaron desde el club en el escrito difundido en sus plataformas oficiales.
Luego de esa primera denuncia, el equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó otros dos casos con características similares, situación que fue informada a las máximas autoridades de la institución y posteriormente denunciada ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda.
Además, Independiente indicó que se convocó a la organización Grooming Argentina para llevar adelante charlas preventivas e informativas en el predio de Villa Domínico, con el objetivo de concientizar sobre esta modalidad delictiva y reforzar las medidas de prevención dentro del club.
El grooming es un delito de violencia digital que ocurre cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad a través de redes sociales, plataformas de mensajería o videojuegos online con el objetivo de ganar la confianza de niños, niñas o adolescentes para vulnerar su integridad sexual.
Generalmente, los agresores buscan generar un vínculo cercano con las víctimas para luego solicitar imágenes o videos íntimos. Posteriormente, utilizan ese material para extorsionar o amenazar con difundirlo entre familiares y conocidos.
En Argentina, el grooming está tipificado como delito en la Ley 26.904, incorporada al artículo 131 del Código Penal, y contempla penas que van desde los seis meses hasta los cuatro años de prisión.
