La Justicia de Mendoza homologó el acuerdo preventivo extrajudicial impulsado por los nuevos dueños de IMPSA para refinanciar la millonaria deuda que mantiene la histórica empresa metalúrgica mendocina. La resolución fue dictada por el Segundo Juzgado de Procesos Concursales y representa un paso clave en el proceso de reorganización financiera de la compañía.
La medida fue adoptada por la jueza Gloria Esther Cortez, quien avaló el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) presentado por el fondo estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC, actual accionista de IMPSA.
Según se informó, la propuesta obtuvo la aprobación del 86% de los acreedores, que representan el 98% del monto total de la deuda elegible computable. El pasivo total alcanza aproximadamente los 586 millones de dólares.
En el fallo, la magistrada analizó las cartas de adhesión y aceptación presentadas por los acreedores y sostuvo que el acuerdo "se halla dentro de un marco de libertad contractual que goza el deudor y los acreedores". Además, indicó que el tribunal verificó la veracidad de la información aportada, la viabilidad de la propuesta y la situación económica actual de la empresa.
La jueza también destacó que durante el proceso se incorporaron balances sobre el activo y el pasivo de la firma, así como proyecciones comerciales vinculadas a distintos emprendimientos que la compañía desarrolla con perspectivas consideradas positivas para Mendoza y con proyección internacional.
"Se observa que el acuerdo propuesto no se opone al ordenamiento público en general y se halla orientado a satisfacer los intereses de los acreedores conforme éstos han otorgado la mayoría", expresó Cortez en la resolución judicial.
La propuesta de reestructuración había sido firmada originalmente en octubre del año pasado y contempla una fuerte postergación de los pagos de capital. El esquema establece que no habrá quita de deuda, por lo que cada acreedor percibirá el total del dinero adeudado por la empresa.
El primer pago de capital está previsto para el 31 de diciembre de 2036 y la cancelación se realizará en nueve cuotas anuales, iguales y consecutivas, equivalentes al 11,1% del capital pendiente en cada vencimiento. El último desembolso fue fijado para el 31 de diciembre de 2044.
En cuanto a los intereses, el acuerdo fija una tasa nominal anual del 1,5% sobre los saldos pendientes de capital desde el 30 de junio de 2025. El interés generado hasta fines de 2027 será capitalizado, mientras que entre 2028 y 2032 se abonará semestralmente: un 50% en efectivo y el restante 50% será capitalizado.
A partir del 1 de enero de 2033 y hasta el vencimiento final del acuerdo, la empresa deberá cancelar en efectivo el 100% de los intereses devengados en cada período.
La homologación judicial representa un respaldo clave para la continuidad operativa de IMPSA, una de las firmas industriales más emblemáticas del país, que actualmente busca recuperar estabilidad financiera y sostener proyectos estratégicos vinculados al desarrollo energético e industrial.
