El Gobierno nacional envió al Senado un nuevo proyecto para combatir la ludopatía y regular el juego online. El proyecto endurece las restricciones para impedir el acceso de menores a las plataformas de apuestas y habilita bajo determinadas condiciones la publicidad de casinos, bingos y sitios de juego autorizados.
La propuesta oficial marca una diferencia central respecto de la iniciativa aprobada en noviembre de 2024 por la Cámara de Diputados, que avanzaba sobre una prohibición mucho más amplia de la promoción de apuestas online. Ahora, el oficialismo libertario deberá impulsar modificaciones en el Senado y, en caso de aprobarse cambios, el texto volverá a Diputados para una nueva revisión.
El proyecto aprobado el año pasado había obtenido 139 votos afirmativos, impulsados por el peronismo, Encuentro Federal, la izquierda, Innovación Federal, Democracia para Siempre e Independencia. En cambio, La Libertad Avanza votó en contra, mientras que el PRO, la UCR y el MID se abstuvieron.
Aunque el Senado comenzó a debatir la iniciativa en comisión durante septiembre de 2025, nunca logró avanzar con un dictamen debido a diferencias internas dentro de la oposición sobre el alcance de las restricciones.
Ahora, el nuevo texto enviado por el Ejecutivo deberá ser tratado en las comisiones de Legislación General, Salud y Justicia y Asuntos Penales, presididas por las senadoras libertarias Nadia Márquez, Ivanna Arrascaeta y Gonzalo Guzmán Coraita.
Uno de los ejes más discutidos del proyecto es la regulación de la publicidad de juegos de azar online. El Gobierno propone permitir campañas y promociones de operadores autorizados, siempre bajo estrictas limitaciones orientadas a proteger a menores y sectores vulnerables.
El texto establece la prohibición total de la publicidad, promoción y difusión de plataformas ilegales o no autorizadas, tanto de manera directa como indirecta, a través de cualquier medio de comunicación.
Sin embargo, sí habilita la promoción de sitios legales bajo determinadas reglas. Entre ellas:
No podrán estar dirigidas a menores de edad.
No deberán asociar las apuestas con el éxito personal, laboral o social.
No podrán sugerir aceptación social o mejora económica a través del juego.
No podrán incentivar el consumo de alcohol o tabaco durante las apuestas.
Los medios de comunicación tendrán la obligación de verificar que los anunciantes estén habilitados oficialmente.
Además, el Gobierno propone coordinar con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires criterios comunes para la regulación publicitaria del sector.
El proyecto pone especial énfasis en impedir el acceso de niños y adolescentes a las plataformas de juego online. Para ello, prohíbe expresamente la participación de menores en apuestas digitales y plantea políticas de prevención y concientización sobre los riesgos del juego patológico.
También prevé la elaboración de estadísticas e información epidemiológica para monitorear el impacto de la ludopatía, detectar grupos vulnerables y diseñar políticas públicas de asistencia y rehabilitación.
Otro de los puntos centrales es el endurecimiento de las penas contra las apuestas clandestinas.
La iniciativa establece condenas de entre tres y seis años de prisión para quienes operen plataformas ilegales de juego online sin autorización.
Asimismo, prevé penas de dos a cuatro años para quienes faciliten el funcionamiento de esos sistemas ilegales mediante servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales, sabiendo que carecen de habilitación oficial.
